María Rosa Vallecillo Gámez.
Profesora TU acreditada de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social.
Universidad de Jaén.
“La crisis es la mejor bendición que puede sucederle a las personas y países, porque la crisis trae progresos”
(Albert Einstein)
1.El continuo discurso de la imposibilidad de la gestión de los SPE. Desde tiempos inmemoriales, allá por el año 1995, en el RD 735/95 por primera vez se reconocía, en la justificación de la creación de las Agencias Privadas de Colocación sin ánimo de lucro, la imposibilidad de los Servicios Públicos de Empleo (el INEM de aquella época) para atender la gestión propia[1]. 25 años después en los que la evidencia se hace dolorosa para un elevado número de personas a las que el Covid-19 ha “suspendido” sus contratos, es necesario reflexionar para intentar aprender y aplicar una nueva gestión, en el futuro, deseo que cercano, en el que retomemos la cotidianiedad, aunque este término quizá deje de tener sentido porque estoy convencida de que ya nada será como antes, para lo bueno, espero.
Si tenemos presente a Einstein, en lo que a consecuencias que pueda tener para el mercado de trabajo, seguro que todos querríamos entonar un “ojalá”, en todos los idiomas. Porque nos gustaría que, de una vez por todas, el “refuerzo”, la “reforma”, la “ampliación”… de los servicios públicos de empleo (SPE), letanía repetida en todas las normas que desde 1995 han modificado algún aspecto del ámbito laboral, por fin fuera verdad.
El “diminuto” – como aquellos seres que nadie sabia donde estaban – que empuja las “posibles” modificaciones, también presenta síntomas en los servicios públicos de empleo que se han visto desbordados ante la avalancha de ERTES y despidos que generan una cantidad ingente de expedientes imposibles de resolver en los plazos previstos, con la consiguiente consecuencia en los trabajadores más vulnerables, que se encuentran en riesgo de cobrar tarde la prestación por saturación del servicio. Ante esta situación, el Gobierno decide la ampliación de efectivos en un número de 1.000 interinos que ayudarán a paliar ese incremento de productividad. Este número ni siquiera alcanza a la totalidad de efectivos – 10.200 – con los que contaban estos servicios antes de la crisis de 2008, y que en la actualidad se sitúan en 7.900 (un 22 % menos). Si ya veníamos arrastrando lacras organizativas y funcionales inadecuadas que derivaban en la letanía de la imposibilidad, en las que la gestión presencial sigue siendo prioritaria, el impulso hacia un funcionamiento íntegramente electrónico y en parte automático, presenta muchas dudas en lo que a su eficacia se refiere.
Pero para no ser del todo catastrofistas, y citando a Hannibal Smith (el equipo A), al que le encantaba que los planes salieran bien, y cambiando ese “bien” por un “mal”, este mal quizá podría hacer cambiar la situación. Porque en la Administración que algo salga mal es, a veces, la única manera de reacción; y tras la gestión de la crisis del bichito (paravirus lo llama mi padre, muy acertado por tener la capacidad de parar casi todo), ojalá podamos refranear el “no hay mal que por bien no venga”.
2.La implantación por el Covid-19 del teletrabajo y la gestión eminentemente electrónica en el sector público o la constatación de que toda crisis es una oportunidad. El virus puede dar el empujón definitivo a la resolución de las lacras organizativas y funcionales que vienen arrastrando los SPE y que imposibilitan el dar soporte a un funcionamiento íntegramente electrónico y en parte automático. Se ha hecho necesario vencer el miedo, que se ha convertido en un motor de cambio, quizá no sea el más honorable, pero, a veces, es el más eficaz. Se afronta una carga de trabajo sin precedentes y que desborda, con mucho, todas las previsiones, lo que obliga al SEPE a forzar su sistema informático para que el reconocimiento de las prestaciones llegue a los demandantes a primeros de mes de mayo y no a partir del día 10, que sería la fecha normal, a través de un compromiso de los bancos para adelantar el dinero. El sistema de atención telefónica tampoco es suficiente ante la avalancha de expedientes, tanto que se ha tenido que recurrir a un contrato de 375.000 euros (IVA incluido) con la empresa Connectis ICT Services para reforzar su Centro de Atención a Usuarios (CAU) ante el elevadísimo e inusual número de consultas que está recibiendo. Además, ante la previsión de que no todos los beneficiarios de prestación la reciban a tiempo, empresas como Volkswagen Navarra, adelantan en la nómina de abril 500 € de la paga extra de junio, para favorecer la situación económica de sus trabajadores.
Pero no solo se fuerza la tecnología, el personal está resolviendo expedientes a diario, incluidos los fines de semana. El Director General del SEPE, Gerardo Gutiérrez Ardoy, anuncia el domingo 12 de abril en un tuit que entre el jueves y el sábado se habían reconocido más de 233 000 prestaciones. Y ese trabajo en festivos del personal se realiza de manera voluntaria y el 50 % de ellos a través de teletrabajo. Con todos mis respetos, no me parece una estupenda noticia el que para dar cobertura a unos trabajadores se “sacrifique” a otros, ni aun ante una invocación del art. 53 del TREBEP. Y así lo manifiestan un grupo de trabajadores del SEPE al sentirse poco reconocidos en un trabajo que tienen que realizar “a destajo”, como en los tiempos de bonanza de la construcción. Me pregunto si no se podría optimizar el trabajo de funcionarios de otras áreas de la administración que seguro han visto reducidas sus tareas, más allá de lo establecido en la DA decimoctava del RD Ley 11/2020 – de cuya incidencia no tenemos datos -, puesto que en algunas administraciones la provisión de puestos no obedece a áreas funcionales específicas.
Pero el principal problema que se ha evidenciado en esta crisis es la falta de inversión tecnológica en los SPE y los recortes que se han venido realizando, sobre todo vía amortización de puestos de trabajo. Y resulta sorprendente cuando en otras administraciones de la propia General del Estado, la inversión en tecnología es muy diferente. El ejemplo más claro lo tenemos en la AEAT, que ya en 1986 implantó un superordenador, RITA y todos sabemos con qué intensidad y dedicación controla su negociado; en la Guardia Civil, está el «Duque de Ahumada», activo desde 1987; al ministerio del Interior llegó «Berta», y cuando se jubiló la sustituyó «Clara», una máquina tan potente que llegó a investigarse si provocaba cáncer; o el «Mare Nostrum», de la mano del Ministerio de Educación y Ciencia para el estudio del genoma humano, entre otros. Y digo yo ¿no podía haberse convertido en prioridad en estos 25 años, para alguno de los gobiernos, la inversión en un sistema capaz de gestión? Teniendo en cuenta, además, el incremento de actividad de la última década de crisis… Pero no solo en el SEPE, la Administración de Justicia ante el colapso al que se enfrenta, también se reclama en el mismo sentido.
3.Pero, ¿cuál ha sido la reacción y el cambio de gestión ante la necesidad de un impulso urgente a la funcionalidad del SEPE en la gestión de las medidas de afrontamiento de la crisis? Para empezar, se permite la inscripción de demandas de prestación por medios telemáticos y se elimina la obligación de “sellar el paro”, los plazos quedan suspendidos y no se perderán días de derecho, aunque se presente la solicitud fuera de plazo. No se tendrán en cuenta, por tanto, los plazos con el objetivo de no perjudicar a los usuarios. Recae en los empresarios la presentación de las solicitudes de los ERTES para que los trabajadores puedan cobrar la prestación lo antes posible. La inspección de trabajo asume el rol de control de todos los expedientes de suspensión temporal para evitar las situaciones de fraude. Y se suspende la finalización de los contratos temporales, formativos o de relevo que se prorrogan durante el tiempo que dure el periodo de alarma.
En cuanto a la gestión por parte de la administración de la avalancha de expedientes, se produce un incremento de los plazos previstos que pasan de 5 días a 10, con el objeto de no perjudicar a los usuarios afectados. Aun así, se advierte de las posibles demoras en la tramitación y se “sugiere” a los trabajadores afectados que no se dirijan al SEPE para consultar el estado de su demanda, toda vez que la obligación de la solicitud recae en el empresario. Es una manera más de aliviar la gestión o no colapsar aun más el sistema, dejando los interlocutores en solo uno por empresa.
Y, ¿cómo se informa a las personas en situación de desempleo y que no están afectadas por un ERTE? Pues se habilitan tres vías, a saber: la telemática, a través de la página web donde se actualiza la información; un servicio de atención telefónica para aquellos usuarios que no dispongan de medios o de cultura tecnológica para acceder telemáticamente; y la remisión a las redes sociales para obtener información.
4.Políticas Activas de Empleo o Políticas Activas del Mercado de Trabajo: recentralización o actos de fe. La situación previa a la crisis preconizaba una reforma del mercado de trabajo (anunciada en cada legislatura por el gobierno de turno), que no sabemos si afectará a la gestión de las PAE, a la vista de la medida de recentralización del presupuesto destinado a la formación, con una finalidad diferente a aquella para la que estaban concebidas, medida que ha hecho saltar las alarmas, como no podía ser de otra manera. El gobierno centraliza el gasto de 2.400 millones de euros procedentes de las cotizaciones de Seguridad Social y que suponen la mitad del presupuesto del PAPE (Plan Anual de Política de Empleo). Esto elimina una norma de 2015 para financiar la formación de trabajadores en paro. La norma anula el carácter finalista de la cotización para formación profesional de los trabajadores, lo que obliga a las Comunidades Autónomas a reformular la financiación de sus PAE. Esto puede suponer una limitación a que las Comunidades Autónomas apliquen medidas para colaborar a la recuperación en el menor tiempo posible, una vez que hayamos superado este periodo. Porque eso sucederá y no habrá mas remedio que poner en marcha medidas de activación del empleo. Además, cabría preguntarse si la decisión no supone una invasión de las competencias transferidas normativamente a las Comunidades Autónomas o si al pensar en ella, se ha tenido en cuenta que las empresas, ante sus nuevas circunstancias y la implantación masiva y “con calzador” del teletrabajo, puedan tener nuevas necesidades de formación, en su mayoría formación relacionada con las nuevas tecnologías, como sí se ha planteado en otros países. Algunos servicios, como los Pôle d’Emploi en Francia, han optado por potenciar la formación de los usuarios ampliando con nuevos títulos el catálogo formativo existente y, con apoyo en las plataformas digitales, ampliar la oferta.
5.Desde una breve perspectiva comparada, porque una entrada de estas características no ha de ser mas que para incitar a la reflexión poniendo encima de la mesa cuestiones de información y para el debate, en la mayoría de los países y con carácter general se ha producido un refuerzo de los canales de información de los SPE, tanto para hacer frente a los requerimientos de información sobre los servicios y prestaciones, como a los procedimientos a adoptar en la gestión del riesgo legal. El fuerte incremento del número de solicitudes de prestaciones constituye uno de los test de estrés más importante al que los servicios públicos de empleo están haciendo frente, tanto en la adecuación con el público como en la adecuación del servicio.
En los países donde existe un reparto competencial entre niveles central y regional en lo que a políticas activas y pasiva se refiere, como ocurre también en Bélgica, es importante impulsar la colaboración institucional, sea mediante el relanzamiento del nivel local a través de la actividad de información y comunicación, sea mediante la simplificación de los procedimientos administrativos, vía que están siguiendo la mayoría de los países (Bélgica, Alemania, Reino Unido y España).
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MEDIDA |
PAIS(ES) |
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Ampliación del derecho a categorías que no cumplen los requisitos |
Bélgica y España |
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Simplificación de los procedimientos para el acceso a la prestación |
Bélgica, Alemania, Reino Unido y España |
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Exigencia de colaboración institucional entre diferentes administraciones territoriales por la distribución de competencias |
España y Bélgica |
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Prórroga del subsidio para aquellos desempleados a punto de agotar la prestación |
Francia y España |
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Reducción de los tiempos de espera en la resolución de las solicitudes |
Reino Unido |
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Refuerzo de los canales de información (FAQ, redes sociales, teléfono, página web, chat, espacios digitales personales) |
Bélgica, Alemania, Reino Unido, Suecia, Francia y España |
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Relajamiento de las condiciones de control de las acciones llevadas a cabo por los demandantes de empleo beneficiarios de prestaciones |
Bélgica, Alemania, Reino Unido, Suecia, Francia y España |
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Incremento de la formación de los usuarios |
Francia |
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Atención especifica a empresas y sectores y prioridad en sus demandas (sectores esenciales) |
Francia, Reino Unido, España y Suecia |
Elaboración propia
Ojalá
podamos terminar diciendo, como Carlomagno “He aprendido más de mi única
derrota que de todas mis victorias”.
[1] La exposición de motivos así lo expresa, “Se persigue, entre otros objetivos, optimizar las posibilidades de colocación existentes, primando la eficacia sobre las cargas burocráticas, y garantizar la igualdad de oportunidades en el derecho de acceso al trabajo. Ello se hace desde el convencimiento de que los servicios públicos de empleo no pueden abarcar la totalidad de las cada vez más complejas y diversificadas ofertas de empleo, cuya respuesta adecuada requiere la máxima especialización y proximidad a las fuentes de empleo.”