María Rosa Vallecillo Gámez.
Profesora Titular de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social.
Universidad de Jaén.
La inteligencia artificial (IA) ya convive con nosotros, tanto que como conjunto de tecnologías de rápida evolución puede generar un amplio abanico de beneficios económicos y sociales en todo tipo de sectores. Beneficios que se articulan mediante la mejora de la predicción, la optimización de las operaciones, la asignación de los recursos y la personalización de la prestación de servicios, facilitando la consecución de resultados positivos desde el punto de vista social y medioambiental, y proporcionando ventajas competitivas relevantes a las empresas y a la economía en su conjunto.
Sin embargo, esos mismos elementos que potencian los beneficios de la IA también entrañan nuevos riesgos que, en el mercado de trabajo se centran en la precariedad de las condiciones de empleo y en la sobrecualificación que evidencian determinados sectores de este mercado y que introducen elementos de mejora que es necesario afrontar.
1.La concreción de la regulación legal de la IA. Precisamente, son las dificultades que se derivan de la introducción de la IA son las que han propiciado el proyecto de Ley de Inteligencia Artificial (IA Act), cuyo origen data de abril de 2021, cuando la Comisión Europea presentó una propuesta que tenía como objetivo introducir un marco normativo y jurídico común para regular la IA, y que se concretó en junio de 2023 con la aprobación del proyecto.
Una de las principales claves es la clasificación de la IA en función del riesgo que representa, de tal forma que se establecen categorías que van desde “riesgo mínimo” hasta “riesgo inaceptable”. Esta normativa aborda usos específicos y potencialmente peligrosos de la IA, estableciendo prohibiciones en determinadas aplicaciones y requisitos muy estrictos para otras. En concreto, el Parlamento Europeo detalla algunas aplicaciones prohibidas que representan una amenaza tanto para los derechos de los ciudadanos como para la democracia, incluyendo ciertos sistemas de reconocimiento biométrico y de categorización.
Antes de la IA Act, que marca un hito importante en la regulación de la IA, tanto Europa como Estados Unidos habían tomado diversas medidas para abordar los desafíos éticos, legales y técnicos que plantea esta tecnología emergente. En Europa, se llevaron a cabo varias acciones significativas. En primer lugar, la Comisión Europea presentó en abril de 2019 unas directrices éticas destinadas a promover el desarrollo correcto y el uso responsable de la IA que se enfocaron en establecer principios éticos para garantizar que esta se utilice de manera confiable y ética.
2.Los riesgos para el empleo en España. El debate sobre el impacto de la inteligencia artificial en los empleos se ha visto impulsado en el último año por la irrupción de sus variantes generativas, como Chat GPT, que ha ido sembrando la inquietud en los profesionales que, por primera vez, perciben como tangible la posibilidad de verse sustituidos por una máquina. La OCDE sitúa en torno a un 28% los puestos que cuentan con una amenaza real, un porcentaje por encima de la media pero que sigue siendo inferior al de grandes economías europeas como Alemania o Italia. Sin embargo, este análisis no tiene en cuenta el riesgo añadido que suponen la sobrecualificación y la precariedad de los trabajadores españoles.
Es evidente que el ritmo de avance de estas tecnologías es impredecible, a tenor de la velocidad con que nos atropellan, por tanto, también lo es conocer cuando la IA empujará a los trabajadores hacia otras dimensiones más allá de las conocidas. Y aunque las empresas punteras en el desarrollo de la tecnología – Open AI, por ejemplo, con Sam Altman a la cabeza – nos venden un futuro oscuro para las personas trabajadoras, probablemente detrás de esos mensajes esté una potente campaña de marketing de su producto. Predecir, por tanto, la evolución de la IA es casi imposible por la rapidez con que las informaciones quedan desfasadas (probablemente cuando este artículo se publique, sus datos estén ya obsoletos, aunque no sus reflexiones, espero), lo que provoca que sea necesaria una actualización permanente de los modelos que evalúan los riesgos de la automatización.
Cuando se comienza a hablar de la introducción de la IA en el trabajo, la percepción del riesgo se situaba en la vinculación entre IA y robótica y en la creación de maquinaria que pudiera desempeñar tareas físicas sin intervención alguna de un humano, en una fábrica, un almacén, en tareas de reparto o en vehículos autónomos. La percepción actual ha cambiado porque los empleos en los que se sitúa la atención de la IA son los denominados “de cuello blanco”, que abarcan desde los oficios administrativos a la programación de software. La IA generativa ha entrado en las tareas más intelectuales que abarcan puestos de trabajo que van desde un despacho de abogados al diseño de imágenes, la redacción de informes o la creación de textos… es decir, aquellas consideradas más creativas y que tradicionalmente han sido patrimonio de la mente humana.
Pero no podemos referirnos solamente a la sustitución de determinadas profesiones porque el impacto no es el mismo para todas las tareas. En ocasiones nos encontramos con el reemplazo de la intervención humana, en otras, simplemente es un respaldo o un apoyo que se supone mejorará la productividad. Esto ha llevado a que los análisis pasen de estimar el impacto para sectores o actividades concretas a poner el foco en competencias que implican y que puede desempeñar una IA. Este análisis es el que refleja el estudio de la OCDE que estima ese 28% de empleos en España en riesgo de automatización por la inteligencia artificial al que hemos hecho referencia.
3.La incidencia de la precariedad y la sobrecualificación. Pero hay otros dos factores que influyen, y mucho, en este riesgo. El primero es el resultado de la ecuación entre coste beneficio que supone para las empresas implantar una tecnología. Si hacemos referencia a la sustitución de las tareas físicas que requieren una baja cualificación, el uso de robots y/o androides que puedan desempeñar estas tareas no es fácil si atendemos a una evaluación de costes en la que se tenga en cuenta el riesgo y el beneficio que conlleva, sobre todo en nuestro país. Los españoles ganaron un 20,9% menos que la Unión Europea en 2022, según el informe IX Monitor Anual Adecco sobre Salarios, elaborado por el grupo Adecco, en el que se compara el salario medio bruto de España con el resto de países de la Unión Europea. Si atendemos a estos datos, comprar o alquilar un robot “currito” cuyo precio no bajaría de los 50.000 (sin contar mantenimiento), no parece rentable.
Pero si la percepción se sitúa en otras valoraciones, por ejemplo, en facilitar tareas pero no sustituir por completo la interacción humana, pueden darse situaciones de extrema polarización en los puestos que requieren menos cualificación que se orientan a tareas físicas o presenciales que no se automatizan por completo y aquellos cuyas funciones no pueden ser reemplazadas por la IA. Una polarización que, a pesar de no tener un elevado componente salarial, sí lo tiene en la calidad y estabilidad de esos empleos.
Así se percibe ya por parte de las personas trabajadoras, sobre todo en el uso de algoritmos en el control y evaluación de la actividad y productividad del trabajador, lo que puede desembocar en decisiones que pueden afectar a la estabilidad de su relación laboral. Este escenario tradicionalmente está asociado con la regulación de las plataformas digitales, pero son cada vez más las personas que interiorizan este riesgo. Un reciente informe de Eurofound, expone que esta cuestiónpreocupa al 81% de los trabajadores españoles, frente al 67% de los que temen que la menor carga de trabajo les cueste el empleo. Un porcentaje de personas trabajadoras dirigidas por algoritmos que se muestran inquietas y que supera en porcentaje al 73% de Francia y el 76% de Alemania.
Para combatir la precariedad las políticas se han de dirigir a elevar el nivel educativo de la fuerza laboral española. Cuestión que no es nada fácil. España es también el país europeo y de la OCDE con mayor tasa de personas trabajadoras sobrecualificadas: el 36%, como destacaba un reciente informe de Fedea. Y parece que desciende la tasa de abandono escolar y del porcentaje de “ninis”. La razón estriba en un exceso de oferta de personas trabajadoras sobrecualificadas en algunos perfiles profesionales y un desajuste de cualificación de nuestro mercado de trabajo que no se adecua a lo requerido por las empresas y por el efecto “crowding-out, esto es, desplazamiento de personas con formación más elevada hacia ocupaciones más básicas. El informe establece un porcentaje elevado de personas con nivel de bachillerato o formación profesional que desempeñan su actividad en ocupaciones elementales
4.En fin. Pero el cambio tecnológico precisa una adaptación acelerada del mercado de trabajo para evitar que las personas trabajadoras de nuestro país se encuentren en situación de vulnerabilidad porque la sobrecualificación frena las posibilidades de recualificación. Y nuestro mercado de trabajo es tremendamente volátil pese a las reformas de la contratación introducidas en los últimos tiempos. Seis de cada diez contratos siguen siendo temporales, sin contar a los fijos discontinuos. Un indicador de que la mejora de la estabilidad del empleo es insuficiente para impedir que el impacto de la inteligencia artificial en el empleo se vea agravado por un cóctel de sobrecualificación y precariedad aún excesiva.
En cualquier caso, esperemos que nuestro mercadose adaptará y evolucionará a medida que se intensifique el uso y regulación de la IA. Las nuevas regulaciones que se introduzcan por la transposición normativa deben de introducir cambios para abordar nuevos desafíos y oportunidades en el campo de la IA. En cualquier caso, el futuro más inmediato es la aprobación del Reglamento de IA entre el primer y segundo semestre del 2024 y la creación de un Comité Europeo de Inteligencia Artificial.
Estamos, sin duda, ante el inicio de la regulación jurídica de una tecnología novedosa y es necesario que esa regulación se adapte a la misma garantizando el equilibrio entre los derechos fundamentales más elementales y el progreso e innovación.