Jesús Rafael Mercader Uguina.
Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social.
Universidad Carlos III
1.El trabajo es un factor esencial vinculado a la naturaleza humana cuya lógica y función varía en cada escenario; una categoría antropológica, un elemento indisolublemente ligado a la naturaleza humana, cuyo rastro se encuentra en todo tiempo y lugar. En los últimos tiempos habíamos venido debatiendo sobre los efectos que la intensificación de los procesos de automatización y la incorporación de nuevas tecnologías podrían ejercen como fuerza de expulsión de mano de obra y de reducción de la fuerza de trabajo. La negra sombra del desempleo tecnológico empezaba a cernirse amenazadora sobre unos mercados de trabajo bastante debilitados como consecuencia de las crisis económicas que se han venido sucediendo y que, a duras penas, empezábamos a superar.
En este incierto momento ha hecho acto de presencia la pandemia de COVID-19. Un virus que se está transmitiendo, también, a la economía y a la sociedad a una velocidad inusitada, afectando tanto a la actividad productiva como a la demanda y al bienestar de los ciudadanos. Las medidas adoptadas para reducir la pérdida de vidas humanas han conducido a la mayoría de las economías a una paralización de parcelas importantes de la actividad y, por tanto, a una caída profunda del PIB. La crisis sanitaria global está dando paso a una crisis económica también global que ahonda más si cabe en la crisis de empleo latente a la que venimos asistiendo. Ante la magnitud del problema, los Gobiernos han respondido adoptando medidas de muy diverso orden que en lo social han pasado por garantizar un flujo de rentas para los agentes cuyas fuentes de ingresos se han visto perjudicadas más directamente por la epidemia.
2.En este incierto momento, la Renta Básica Universal se ha puesto, una vez más, sobre la mesa. Economistas, juristas, sociólogos e, incluso, filósofos vienen proponiendo desde hace años un conjunto de medidas de esencia redistributiva denominadas “renta universal”, “subsidio universal”, “ingreso mínimo de existencia” o incluso “ingreso de ciudadanía”. Se trataría de avanzar, más allá de la solidaridad y superando el Estado del bienestar, instaurando un sistema, enormemente ambicioso, de tutela social a través del reparto de los recursos de cualquier naturaleza de los que dispone la sociedad. A través del mismo se pretende asegurar a todos los individuos un ingreso suficiente para satisfacer sus necesidades básicas. Un modelo que vendría caracterizado por asignar a toda persona, desde su nacimiento y hasta su muerte, un subsidio que estaría totalmente desconectado de cualquier obligación o condición previa y que se encontraría definido por los principios de universalidad, incondicionalidad e individualización.
Finalmente, esta sugerente propuesta que quizá debería encontrar en su día el adecuado refrendo constitucional, se ha materializado en el Real Decreto-ley 20/2020, de 29 de mayo, por el que se establece el ingreso mínimo vital. Con esta pieza se da un paso de enorme importancia en la evolución del sistema de Seguridad Social, un verdadero un hito histórico que dota de especial protagonismo al nivel no contributivo de la Seguridad Social. Con todo, el ingreso mínimo vital busca unir con su acción presente y futuro. Tal y como señala su Exposición de Motivos, el objetivo es que esta política actúe “como un seguro colectivo frente a los retos que nuestras sociedades enfrentarán en el futuro próximo: carreras laborales más inciertas, nuevas vulnerabilidades como la puesta de manifiesto por la crisis de COVID-19, transformaciones económicas asociadas a la robotización o el cambio climático, y en general una mayor volatilidad en los ingresos y los empleos, problemas frente a los que casi nadie será inmune, pero que afectarán especialmente a los grupos sociales más vulnerables”. El ingreso mínimo vital se configura como el derecho subjetivo a una prestación de naturaleza económica que garantiza un nivel mínimo de renta a quienes se encuentren en situación de vulnerabilidad económica articulada a través de un modelo de gobernanza compartida en la que de forma coordinada participan el Estado, las comunidades autónomas y las entidades locales.
En nuestro país, la normativa de apoyo al empleo y a las rentas de hogares vulnerables como consecuencia del COVID-19, ha comenzado a acelerar los ensayos de modelos de rentas básicas para atender las necesidades de colectivos de trabajadores que no pueden acceder a las prestaciones por desempleo. El Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, vino a establecer un primer ensayo de renta básica en relación con los trabajadores temporales y con las empleadas del hogar. Pero la gran cuestión era la de si debe darse un paso más estableciendo una Renta Básica Universal que sirva para dar respuesta al tsunami de desempleo que amenaza con arrasar nuestro sistema productivo. En este contexto ha cobrado nuevo protagonismo el compromiso alcanzado en el acuerdo de Gobierno entre PSOE y Unidas Podemos para desarrollar un “Ingreso Mínimo Vital como prestación de Seguridad Social”. Las palabras no están huérfanas de significado y no es lo mismo un “ingreso mínimo vital” que una “renta básica universal”.
3.Pero la pregunta sigue en pie: ¿el modelo que ahora incorpora el Gobierno crea una renta básica universal o constituye un sistema de protección frente a la pobreza extrema? Más parece lo segundo que lo primero. El modelo busca una última red de seguridad económica que ofrece protección a los hogares cuyos recursos son insuficientes. Si los rasgos que definen la renta básica son la universalidad, la incondicionalidad y la individualización, un modelo como el propuesto no se adapta a tales rasgos caracterizadores. Un progreso notable en la consecución de esa la poderosa idea de una renta de subsistencia por el hecho de nacer, pero lo que parece claro es que debemos seguir, pues, caminando…
Esperemos que el COVID-19, antes o después, termine pasando, pero lo que no pasará es irrefrenable proceso de transformación tecnológica que estamos viviendo y que resulta más patente si cabe en estos días. Para dar respuesta a este insoslayable problema algunos autores apuestan por una tributación asociada a la robotización. Bill Gates ha dicho: “Si un robot hace lo mismo que un humano es lógico que tribute a un nivel similar”. Se plantea, de este modo, la necesidad de reinventar la fiscalidad en un mundo en el que las rentas del trabajo podrían desaparecer de manera generalizada y toda la renta vendría captada por el capital. Es posible imaginar también un «dividendo robot» que permita retornar a la sociedad al menos una parte de los beneficios financieros que generen a través de fórmulas distintas. A los anteriores caminos se une el de una cierta y real renta básica universal. Una llamada a la reflexión sobre sus posibilidades ha sido realizada expresamente en la Propuesta de Resolución del Parlamento Europeo con recomendaciones destinadas a la Comisión sobre normas de Derecho civil sobre robótica. En la misma se pide que se considere “seriamente la posibilidad de introducir una renta básica universal”,a la luz de “la repercusión que la robótica y la inteligencia artificial podrían tener en el mercado de trabajo”. Igualmente, Martin Ford ha considerado que “la renta básica es probablemente la mejor solución ante el auge de la tecnología”[1].
4.Pero si los robots terminan por eliminar la necesidad de trabajo humano en grandes masas de población el problema iría, probablemente, más lejos de la creación de una renta básica universal. ¿Garantizar la existencia sería suficiente? Una sociedad en la que una élite controla los medios de producción y el resto de la población subsiste a través de transferencias y sin poder trabajar, en el que una élite reducida posee todo y una enorme sub-clase recibe un salario social básico. Y, unido a ello, cabría hacerse una pregunta: ¿sería necesario un salario social?, ¿No podríamos ir a la gratuidad de todo lo necesario para la existencia y, más aún, a la abolición del dinero, esto es, borrar la idea de querer “comprender el mundo como un ejemplo de contabilidad”? El problema sería el tiempo, que dejaría de ser un bien a administrar para convertirse en algo potencialmente vacío. En todo caso, resulta inquietante por desconocido lo que puede representar para el ser humano una nueva y desconocida identidad negativa: la de persona no trabajadora.
[1] https://elpais.com/tecnologia/2019/11/27/actualidad/1574872985_952092.html